Dejar de pagar una hipoteca puede tener consecuencias legales y financieras serias. En Panamá, cuando se firma un contrato hipotecario, se establece una garantía real sobre el inmueble. Esto significa que, si el deudor incumple con el pago, el banco tiene derecho a recuperar el dinero prestado mediante la ejecución del bien.

Al dejar de pagar, el banco generalmente inicia con notificaciones y gestiones extrajudiciales de cobro. Si no se logra un arreglo en esta etapa, puede presentar una demanda de ejecución hipotecaria ante un juzgado. Esto puede culminar en el remate del inmueble, es decir, su venta pública para saldar la deuda.

Este proceso judicial genera costos adicionales como intereses moratorios, honorarios legales y gastos procesales. Además, la deuda sigue creciendo mientras se resuelve el caso. Si el valor obtenido por la venta no cubre la totalidad de la deuda, el deudor puede quedar obligado a pagar la diferencia.

Algunos contratos hipotecarios incluyen cláusulas de aceleración, que permiten al banco exigir el pago total del préstamo tras el incumplimiento de apenas una o dos cuotas.

Antes de que se llegue al remate, es posible negociar con el banco una reestructuración de la deuda o una dación en pago (entregar la propiedad al banco como forma de cancelar la deuda). Estas opciones deben evaluarse con asesoría legal, ya que dependen del contrato específico y de las políticas de la entidad financiera.

También es importante considerar el impacto en el historial crediticio del deudor, lo que puede dificultar la obtención de futuros préstamos o financiamientos.

En conclusión, dejar de pagar la hipoteca puede resultar en la pérdida del inmueble y generar nuevas deudas. Por eso, ante cualquier dificultad, es fundamental buscar orientación legal y comunicarse de inmediato con el banco para intentar una solución viable.